Dueños de GasValpo exploran opción de venta en medio de proceso de regulación tarifaria
El análisis de opciones estratégicas concluiría pronto y hacia fin de año debería ponerse en marcha un proceso formal.
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En medio de la tramitación de la normativa que regula la distribución de gas por redes y define el mecanismo para tarificar este servicio, podría darse un movimiento importante en esta industria.
Lo anterior porque los dueños de GasValpo, la australiana Whitehelm Capital, están explorando opciones estratégicas para este activo, entre las cuales la venta suena con fuerza.
Aunque hace un par de semanas circula el rumor de la enajenación, muy pocos en la industria manejan detalles. Esto porque la administradora especializada en activos de infraestructura y servicios públicos aún está analizando alternativas y para ello cuenta con el apoyo de un banco de inversiones estadounidense, que declinaron identificar.
Dicen en el sector que el análisis de opciones comenzó hace un par de meses y se definiría pronto, con lo cual, estiman, hacia fin de año estarían en condiciones de poner en marcha un proceso formal.
Con más de 90 mil clientes residenciales, comerciales e industriales, GasValpo es el segundo actor de esta industria, tras Metrogas, aunque está muy lejos que supere los 600 mil usuarios de esta última.
La empresa atiende en la Región de Valparaíso y desde 2015 también abastece en las ciudades de Talca, Coquimbo y La Serena.
GasValpo e Intergas -de capitales italianos- son las únicas de este mercado que no tienen relación de propiedad con Gas Natural Fenosa, que además de Metrogas tiene el control de GasSur (en Concepción).
El dueño
Whitehelm Capital nació en 2014 producto de la fusión del brazo de infraestructura del fondo Challenger Limited y su administradora Access Capital Advisers, que en 2008 pagaron US$ 90 millones a sus compatriotas de AGL Energy Limited. Esta operación se realizó a través de un fondo para invertir en mercados emergentes, que la australiana formó en partes iguales con la japonesa Mitsui.
La fusión dio paso a una firma definida como una “boutique de infraestructura” que cuenta con oficinas en Sydney, Londres, Singapur y Canberra, con más de US$ 4 mil millones en fondos de gestión y otros US$ 16 mil millones bajo asesoría.