Incoherencias tributarias
FERNANDO BARROS TOCORNAL Abogado, consejero de SOFOFA
FERNANDO BARROS TOCORNAL
En silencio avanza la tramitación legislativa de la reforma tributaria presentada por el Gobierno, la que espera recaudar un 4,1% del PIB para financiar los gastos requeridos para cumplir con el programa presidencial.
Sin entrar en las razonables dudas que existen de que se logre ese nivel de recaudación -ya iniciativas anteriores estuvieron muy lejos de sus objetivos, amén del negativo efecto en la inversión y el crecimiento-, ahora que se han disipado las explicaciones conceptuales cabe referirse a algunos aspectos menos comentados.
“Es de esperar que la instancia legislativa permita hacer ver, y corregir, la falta de armonía en numerosas normas y la carga que suponen varias disposiciones de la reforma tributaria para el ahorro y la inversión en nuestro país”.
Sobre el impuesto al patrimonio, fallida medida aplicada con alto costo en Francia y otros países, cabe reiterar que se ha desoído la experiencia internacional y las recomendaciones de la OCDE, que hacen ver los negativos efectos de una doble tributación a activos que cumplieron sus obligaciones tributarias; al nivel que, considerando rentabilidades promedio de 5% anual para un patrimonio, la carga propuesta gravaría la renta en niveles totales cercanos al 80%, pudiendo incluso superar el 100% de las utilidades de uno o más años.
El corralito chileno pretende evitar la emigración de estos contribuyentes con un impuesto adicional de un 5% del patrimonio al que aspire dejar de residir o estar domiciliado en el país. Si esta normativa avanza en su tramitación es de prever la pérdida de capacidades humanas y capitales.
Se olvida a nacionales que podrían regresar a Chile después de fructíferas carreras deportivas, artísticas, literarias en el exterior o, también, a exitosos inversionistas o profesionales extranjeros que vendrían a invertir y emprender, incluso en áreas de conservación, como lo hiciera el millonario Douglas Tompkins. Todos ellos tendrán que pensarlo antes muy bien, ya que la sola estadía en Chile -por ejemplo, por tres años-, les significará un pago de cerca del 10% de su patrimonio.
Por otra parte, se modifican las normas sobre rentas exentas, como lo son los excedentes previsionales de libre disposición, y se les grava con impuesto global complementario (IGC) en el exceso de $1,5 mm y se limitan a $15mm los gastos deducibles de la base imponible de IGC, dejando en letra muerta diversas normas, como la nueva ley sobre régimen tributario de las donaciones a instituciones sin fines de lucro. Además, se modifica el régimen del IVA a los inmuebles amoblados, afectando con el cambio a proyectos en curso; y se obliga a contribuyentes y herederos, sin distinguir la cuantía involucrada, a costosas valorizaciones, con la vulnerabilidad asociada al posterior cuestionamiento por el SII de los valores e impuestos resultantes de ellas.
El proyecto otorga al SII nuevas atribuciones para fiscalizar a quienes pagan sus impuestos sin decir nada del combate a la informalidad, y propone medidas para evitar la elusión y que los contribuyentes respeten el espíritu y letra de la ley. Pero como contrapartida, se pretende legalizar el incumplimiento del compromiso asumido formalmente por el Estado con contribuyentes inversionistas, con carácter de Contrato Ley del DFL 2, y modifica, con efecto retroactivo, el régimen tributario y hereditario convenido para un máximo de dos unidades habitacionales.
Es de esperar que la verdadera participación ciudadana en la instancia legislativa permita a los contribuyentes hacer ver, y corregir, la falta de armonía en numerosas normas y la carga que suponen varias disposiciones que representan un fuerte desincentivo al ahorro y la inversión en nuestro país.