Minvu: ¿presupuesto tradicional para tiempos excepcionales?
MARCELA RUIZ-TAGLE O. Directora de Estudios Corporación Ciudades
MARCELA RUIZ-TAGLE O.
Justo al día siguiente de la elección presidencial, la Cámara de Diputados iniciará el tercer trámite administrativo de la Ley de Presupuesto 2022, aprobada en general la madrugada de este jueves por el Senado con la mantención de la reducción del gasto propuesto, lo que refleja un consenso (inesperado) respecto a la necesidad de normalizar las cuentas fiscales.
Este debate parlamentario se da en un contexto de un explosivo déficit habitacional, con un aumento de tomas de terrenos y campamentos. Estos hechos no logran ser abordados oportunamente por los programas presupuestarios tradicionales, a lo que se agrega la falta de focalización de los subsidios en el segmento de la población más vulnerable en los últimos años, por lo que no sorprendió el rechazo por parte de la Comisión Mixta al presupuesto inicialmente presentado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Las indicaciones introducidas son un aporte que no modifica el presupuesto agregado, pero sí su distribución. Contar con un plan habitacional a cuatro años (o de "emergencia"), focalizado en las familias de menores ingresos que viven en condiciones de allegamiento o campamentos; contemplar un programa transitorio para migrantes; y fortalecer distintas fuentes de financiamiento e instrumentos, como los subsidios de arriendo, son decisiones necesarias y deseables.
¿Pero es suficiente para tiempos excepcionales? Avanzar a presupuestos plurianuales otorga certidumbre a quienes postulan a subsidios de vivienda, así como también permite planificar de mejor forma el desarrollo de proyectos y de las ciudades. Los desafíos de nuestra coyuntura demandan acciones adicionales. Se requiere no sólo abordar la provisión de vivienda, pues esta debe ir acompañada de un adecuado entorno urbano. El contexto de restricción presupuestaria podría ser el adecuado para impulsar la modernización del Estado, partiendo por una profunda coordinación entre ministerios para el desarrollo conjunto de iniciativas. Exigir que las empresas públicas incorporen responsabilidades sobre el entorno urbano en los proyectos que desarrollan, y en el caso de aquellas privadas y reguladas que intervienen el espacio público, establecer exigencias de estándares y coordinación. Y en toda circunstancia, siempre avanzar en materias de transparencia, establecimiento de metas y fiscalización.