Paro portuario y el rol del gobierno
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Quienes han llamado al gobierno a intervenir —en la oposición como en el oficialismo— argumentan que el conflicto ha escalado a un nivel que vuelve imposible la prescindencia, por la importancia estratégica del puerto y la cercanía del peak de exportaciones de frutas, y porque se trata de una problemática “laboral” que exige un pronunciamiento de la autoridad. No obstante, el recurso a medidas de fuerza por parte de los movilizados buscaba, precisamente, crear un cuadro de desorden público.
En cuanto al conflicto laboral, en este caso no se trata de que la empresa portuaria haya transgredido condiciones pactadas o incumplido promesas, mucho menos la normativa del trabajo, sino de peticiones económicas de los llamados “trabajadores eventuales“ (bono y crédito blando) que no han sido satisfechas, a las que ahora se agrega la no aplicación de represalias por actos violentos. Pero no se trata aquí de precariedad laboral, pues los contratos —cuya particularidad es su corta duración— reconocen los mismos derechos y protecciones que la ley consagra para todos los trabajadores.
Si hubiera que contemplar cambios a dicha modalidad de trabajo, podría estudiarse la legislación que rige hoy. Lamentablemente, en años recientes el recurso a la violencia se ha vuelto habitual en defensa de causas de variada índole, con la consiguiente intervención del gobierno —en general, para ganancia de los movilizados—, generándose una dinámica nociva a la que es urgente poner fin.