Prudencia y transparencia
Compartir
En este escenario, la autoridad acusó a las empresas reguladas de realizar "un lobby feroz" en defensa de sus intereses. Al respecto, convendría hacer dos reflexiones.
En primer lugar, de esa forma se asemeja tácitamente al lobby con una acción reprobable, incluso ilegítima. Ello parece olvidar que el país, tras una larga discusión y agitada tramitación legislativa, se dio en 2014 una ley de lobby precisamente para reglamentar dicha actividad, que se considera una forma legítima de abogar por los intereses propios ante el Estado, siempre que se cumplan condiciones minuciosamente detalladas en la propia legislación. De esta manera, la sociedad chilena consensuó que es legítimo y deseable que los regulados puedan plantear sus puntos ante los reguladores. Ahora bien, si el lobby al que aludió la autoridad fue irregular, lo que corresponde es que ello se demuestre y sancione, en aras de la transparencia y la legalidad. Las acusaciones públicas en medio de procesos regulatorios deben ser evitadas, a menos que existan sólidos fundamentos.
En segundo lugar, si la autoridad u otros actores estiman que hay vacíos o deficiencias en la ley de lobby —y habiendo transcurrido tiempo suficiente para detectarlos, como en este caso—, lo correcto es plantear perfeccionamientos a la legislación.